Nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Hoy al leer el Diario Oficial de la Federación me percaté de la publicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas la cual entra en vigor el día de mañana 12 de junio de 2012; su ámbito de aplicación son las contrataciones públicas de carácter federal  y transacciones comerciales internacionales, incluyendo los actos y procedimientos de concurso, convocatoria o licitación pública.

La importancia de esta legislación radica en que actualmente no se podía sancionar desde un punto de vista administrativo a los particulares que comentan actos de corrupción en los procesos y contrataciones públicas. Por lo tanto, me permito hacer una síntesis del contenido de la Ley:

El objeto de esta ley es establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y jurídicas, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal o  en las transacciones comerciales internacionales, entendiéndose por transacciones comerciales internacionales: los actos y procedimientos que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las personas obligadas a cumplir con esta Ley son las personas físicas o morales, en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas o en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales.

Autoridad facultada para investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en las infracciones es la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de la Administración Pública Federal y en las contrataciones públicas que realicen las entidades federativas y municipios con cargo total o parcial a recursos públicos federales. Asimismo, también son autoridades competentes para aplicar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el ámbito de las contrataciones públicas que realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

El procedimiento administrativo sancionador se podrá iniciar de oficio o por denuncia; asimismo, todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas. En caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o, en su caso, el ordenamiento legal aplicable de las entidades federativas.

Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley, tratándose de personas físicas, multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años; y de personas morales, multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces salario mínimo diario general vigente e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años. De acuerdo a lo anterior, a las personas morales se les podrá decretar una multa de hasta $124,000,000.00 (Ciento Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.)

La persona que haya realizado alguna de las infracciones previstas en la Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones.

En el apartado de artículos transitorios, se establece que la implementación de la Ley deberá realizarse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a las demás autoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, por lo que no implicará erogaciones adicionales.

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