Sociedades por Acciones Simplificadas a la Mexicana

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Desde hace décadas México ha sido criticado en la OCDE, por el gran número de requisitos y trámites que los socios deben de cumplir para poder abrir una sociedad y es que el escenario en los últimos años ha empeorado, pues se solicitan nuevos requisitos, entre los cuales encontramos los que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por nombrar alguno, pues bien, no sabemos si el Congreso de la Unión bajo ese argumento de agilizar los trámites para los nuevos negocios,  fue que aprobó la introducción de las Sociedades por Acciones Simplificadas, o si es que fue para agilizar la integración de los nuevos entrepreneurs a sus filas de contribuyentes, el hecho es que el 14 de marzo de 2016 se adicionó este subtipo de Sociedades Anónimas en la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). El principal antecedente de esta figura se encuentra en Colombia, con las Sociedades Anónimas Simplificadas, aunque en México los legisladores argumentaron que tendría interferencia con las Sociedades Anónimas.

Es un subtipo y no una especie como lo establece el artículo primero de la LGSM, porque al igual que la Sociedad Anónima su principal característica es que la obligación de los accionistas se limita al pago de sus aportaciones, con lo cual también le es aplicable la limitación del artículo 24 de la LGSM en la que reduce  la ejecución de las sentencias al monto insoluto exigible, también llamado Velo Corporativo, otra característica que la hace un subtipo de la Sociedad Anónima es que el capital esta representado por títulos valor.

Principales Características de las Sociedades por Acciones Simplificadas:

  1. Las SAS no son para todos: Las personas físicas que la integran, no podrán ser accionistas de otro tipo de sociedad mercantil, si su participación en dichas sociedades les permite tener el control de la sociedad o de su administración. Es decir que las SAS no son para todos, sino que al parecer va dirigida a nuevos entrepreneurs o pymes que requieren arrancar rápidamente, aunque la rapidez esté aún después de un año en duda. La redacción del artículo 260 de la LGSM establece que “la sociedad por acciones simplificada es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones”, con lo cual se descarta la posibilidad de que una Persona Moral pueda ser también accionista;
  2. Una limitación mas: Los ingresos totales anuales de las SAS no pueden rebasar los 5 millones de pesos, en caso de rebasarlo tendrán que transformarse a otro régimen societario, so pena de eliminar el velo corporativo, respondiendo frente a terceros de manera subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido;
  3. Las SAS la primera sociedad con la característica de unimembre: En efecto, las SAS se pueden constituir desde un accionista, esta característica representa un avance significativo en nuestra legislación, bajo el argumento de que para que haya un contrato social deberían de haber por lo menos dos accionistas, tal y como el Código Civil Federal lo establece, es que nuestro Congreso venía posponiendo esta característica durante mas de una década y es que en el caso de las sociedades unimembres es claro que su aplicación se puede prestar a diversos fraudes al considerarse a una persona física, una moral, pero con la limitación del punto 2 anterior, el peligro queda limitado, así que en México no se debe tener temor por la aplicación de este tipo de sociedad;
  4. Rapidez dudosa: en un año apenas se han constituido según el INEGI 1,300 en toda la República, mientras que las sociedades que requieren de fe pública se constituyen casi 2,0000 al mes, los usuarios de estas sociedades se sienten confundidos, pues no solo hay poca preparación, sino también poca información y las Cláusulas que propone la Secretaría de Economía no son claras. ni suficientes;
  5. El problema de la denominación social persiste: el registro que actualmente se encuentra en manos de la Secretaría de Economía de la obtención del nombre de la sociedad persiste y es que como se ha dicho en anteriores artículos, la lista de las denominaciones viene conformándose desde 1934 y no existe una depuración de aquellas sociedades que de facto ya no existen, aunque jurídicamente sí, mas aún cuando inesperadamente la Secretaría de Economía sin ningún fundamento niega aquella aquellos nombres semejantes en grado de confusión a otros, este es el principal problema de retraso, no solo de las SAS, sino también de los demás tipos de Sociedades Mercantiles. Este asunto actualmente se resuelve con los títulos de marcas registradas, pero aún así no debería de ser un obstáculo, pues existe distinción entre una denominación o razón social y la marca comercial;
  6. No es la eficacia del sistema electrónico el problema, sino la falta de conocimiento del accionista solicitante: En efecto, muchos de los accionistas ni si quiera saben para que requieren una sociedad, en su mayoría opinan que es un requisito o formalidad que deben cumplir los comerciantes, lo cual es erróneo, tanto personas físicas como morales pueden ser comerciantes;
  7. Las SAS son sociedades de arranque, de startup: Las sociedades mercantiles existentes no pueden optar por transformarse en SAS, pero si al revés, es decir las SAS en cualquier momento pueden optar por transformarse a cualquier otro tipo de Sociedad Mercantil o Civil;
  8. Contratación entre la SAS y el Accionista: La LGSM establece que en los casos en que exista conflicto de intereses los contratos entre la SAS y el accionista unimembre que la integra, deba registrar dicho contrato en la Secretaría de Economía, aunque la Ley no establece, que se debe entender como conflicto de interés;
  9. La inscripción en el Registro Público del Comercio: En este aspecto el registro es en tiempo real y en comparación a las inscripciones ante fedatario público, considero que esta sí representa una ventaja para las SAS, pues las que se registran con fedatario llevan entre 3 y 6 meses, aunque al final tampoco son un freno para el negocio, pues bancos y diversas instituciones admiten las constancias mientras se encuentran en trámite de registro;
  10. Otorgamiento de Poderes: En las SAS son una excepción a la regla general, pues en el acta constitutiva, basta con manifestar quién tiene todos los poderes, sin embargo los demás poderes que se deban de otorgar fuera del acta constitutiva si deberán de otorgarse ante fedatario público;
  11. Celebración de Actas de Asambleas: Las actas deben registrarse para que surtan efectos jurídicos, no tendrán efectos aquellas que no lo hagan, pues son contratos consigo mismo.

    En conclusión este nuevo modelo de negocio sí representa un avance en nuestra legislación, sin embargo su aplicación no es del todo efectiva aún, ojalá que esta modificación no quede en la simple reforma legal y que las autoridades vayan puliendo el servicio, la capacitación de su personal y la información que brindan a los nuevos empresarios, es importante agilizar el procedimiento, y a la vez brindar información clara y suficiente para que los nuevos empresarios mexicanos puedan tener bases sólidas de sus negocios.

 

Abre Fuego la Artilleria del IFAI

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho

Desde hace dos años y medio la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en para iniciar su vigencia en toda la República Mexicana  y no es sino hasta el mes de noviembre de 2012 en que el IFAI abre fuego con la artillería de 40 casos entre los cuales el primer sancionado fue una sociedad operadora de farmacias que para poder proveerles medicamentos controlados les solicitaba a sus clientes adjuntar a la receta cierta información de carácter personal sin haber puesto a su disposición el Aviso de Privacidad al que se refiere la ley en comento, esta fue la primera de dos conductas contrarias a la Ley, la segunda consistió en que el Aviso de Privacidad mostrado no incluyó el nombre o denominación del responsable que recabase la información, las dos conductas infractoras suman un total de mas de dos millones de pesos en multas(el archivo se puede encontrar con la referencia: IFAI/166/12)

El antecedente constitucional y su origen. 

El Derecho de Protección de Datos Personales fue establecido en la Carta Magna de la República Mexicana el 30 de abril de 2009 y perfeccionado por los lineamientos y sanciones que se establecen la LFPDPPP, este derecho encuentra su antecedente principalmente en una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán (Primera Sala dictada el 15 de diciembre de 1983) en la que reconoce el derecho a que un particular pueda acceder al control de su información personal cuando ha sido entregada a un tercero, esta resolución toma fundamental importancia en esta época de las telecomunicaciones en que los formularios de contacto son un tema cotidiano.

La simplicidad resultó compleja. 

Aproximadamente durante un año el Website del IFAI puso a disposición de particulares y empresas la creación de sus Avisos de Privacidad de manera gratuita mediante el cual con un simple llenado la empresa en cuestión hubiese cumplido dichas disposiciones, sin embargo su aplicación es bastante compleja pues no basta con haber creado el aviso, sino que depende de la actividad de cada empresa las medidas para dar cumplimiento, mas aún porque el aviso de publicidad no solo se requiere para el caso de recabar información de clientes, sino en cualquier caso en que se recabe información personal como es el caso de trabajadores.

Principales Puntos de la Ley: 

1) Los derechos que tutela la  LFPDPPP son: acceso, rectificación, cancelación y oposición. (Art. 28)
2) Cuando las conductas ilícitas impliquen error, engaño o lucro serán sancionadas con privación de la libertad; (Art. 67))
3) Las sanciones son altas y es muy fácil caer en el supuesto de infracción si no se tiene la debida aplicación; (Art 64)
4) La LFPDPPP aplica para cualquier sociedad o persona física que reciba información personal de cualquier tipo;
5) Los exceptuados: Sociedades de información crediticia (en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables) y las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea de uso exclusivamente personal, y son fines de divulgación o utilización comercial;
6) La recolección de datos para actualizar los supuestos de la Ley son a través de cualquier medio: impreso, electrónico, etc;
7) Los principios que el responsable de la información debe cuidar son: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad;
8) Las bases de datos siguen considerándose un Derecho de Autor con Derechos Morales y Patrimoniales;
9) Es posible transmitir las bases de datos personales entre personas físicas o jurídicas.
10) Existe la posibilidad de generar reglas autoregulatorias de carácter vinculante con autoridades.

Siguiente Evento: Diplomado en Auditoria Legal Empresarial

 Comunicado

Convocamos a nuestros lectores e interesados a participar en el próximo Diplomado de Auidtoria Legal Empresarial que impartirá el ITESM Campus Estado de México, el Lic. Rafael Giménez Camacho director de nuestra firma participará impartiendo el primer módulo correspondiente a Sociedades Mercantiles, entre otros destacados catedráticos. El diplomado completo tendrá una duración de 96 horas y el objetivo es que sus participantes conozcan el marco legal que regula las actividades de las empresas con el fin de evitar y prevenir omisiones o fallas legales que puedan arruinar su empresa.

Fecha de inicio: 23 de marzo de 2013
Fecha de termino: 24 de agosto de 2013
Días: Sábado

Informes: Teléfono: 01 (55) 5864 5758 actualiza.cem@servicios.itesm.mx

Para mayor información acerca del temario completo de clic aqui: Diplomado en Auditoria Legal Empresarial

Responsabilidad de Socios: Nueva Tesis de la SCJN

Autor: Lic. Rafael Giménez Camacho
Twitter: @rafagimenezc

Recientemente se publicó una tesis en materia mercantil acerca del controvertido aunque olvidado artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la época de la regulación y supervisión de monopolios este artículo debería regularse de manera mas precisa sin embargo no ha sido motivo ni siquiera de ser revisado en alguna iniciativa en el Congreso, este precepto es ni mas ni menos que la piedra angular que marca los límites de la responsabilidad de los socios y accionistas de sociedades de capitales con sus acreedores.

Si bien es cierto que la separación de la personalidad jurídica de una sociedad mercantil y la de los socios o accionistas que la integran es motivo fundamental de su existencia (velo corporativo) también lo es que existen abusos pues el uso descomunal de “holdings” diluye la responsabilidad de las mismas las subsidiarias que las componen son sociedades que no cuentan con capitales para hacer frente a las obligaciones contraídas, manteniendo en paz y a salvo el patrimonio en la holding, es así que la sociedad nunca pagará, adicionalmente con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2012 reduce aún mas el capital mínimo fijo que antes era de $50,000 pesos.

En la reciente tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata el tema del precepto en comento, se resuelve que en efecto la Sociedad Anónima al ser una sociedad de capitales los socios se limitan al pago de sus aportaciones y hace énfasis que en caso de que los accionistas no hubieran pagado el capital suscrito, entonces deberán hacerlo para sumar dicha cantidad al patrimonio de la sociedad anónima, sin embargo de la redacción de la tesis se revela que la Sociedad de Responsabilidad Limitada no es una sociedad considerada como sociedad de capitales, por lo que los socios si responden de manera personal, en mi opinión es incorrecto toda vez que no todas las Sociedades de Responsabilidad Limitada son mixtas, en su gran mayoría son sociedades de capitales, ante la tesis tan clara de la SCJN la S de RL debe considerarse no tiene velo corporativo como si se considera que lo tiene la Sociedad Anónima.

A continuación el texto de la tesis:

SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTICULO 24 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES APLICABL A TODAS ELLAS, INCLUSIVE A LA ANÓNIMA, POR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS ACCIONISTAS HASTA EL MONTO DE SUS APORTACIONES. El citado precepto, que en su primer párrafo establece que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenándola al cumplimiento de obligaciones frente a terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios  cuando éstos hayan sido demandados conjuntamente  con la sociedad, es aplicable a todas las sociedades mercantiles, pues dicho numeral no distingue al respecto, además de que se ubica en el capítulo I de la Ley General de  Sociedades Mercantiles, relativo a la constitución y funcionamiento de las sociedades en general; y si bien en su segundo párrafo establece una distinción, en atención al grado de responsabilidad de los socios demandados, al señalar que cuando su obligación se limite al pago de sus aportaciones, la ejecución de la sentencia se reducirá al monto insoluto exigible de las aportaciones, no del adeudo, ello no implica que el artículo 24 de referencia sea inaplicable a las sociedades anónimas, pues aunque el numeral 87 de la propia Ley establezca que éstas se componen exclusivamente de  socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones, ellos sólo podrán liberarse de la aplicación del citado artículo 24, se demuestran haber cumplido íntegramente con la obligación que el mencionado artículo 87 les impone, que consiste en el pago de sus aportaciones, pues la suscripción de las acciones en que se divide el capital social de la anónima sólo implica que los socios contrajeron la obligación suscrita con su firma, de cubrir, en proporción a las acciones que hayan adquirido, el total del capital social; sin embargo, esto no significa que la obligación adquirida se encuentre satisfecha, ya que el artículo 89, fracciones III y IV, de la propia Ley, reconoce dos formas de pagar las aportaciones o acciones en que se dividió el capital social, esto es, exhibir íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, o con el 20% del valor de cada acción en numerario; aunado a lo anterior, por lo que hace a su escritura constitutiva, el articulo 91, fracciones y III, de la Ley, señala que en aquélla debe indicarse la parte del capital social exhibido, así como la forma y términos en que los socios deben pagar la parte insoluta de las acciones que hayan suscrito.

Contradicción de tesis 14/2012,. Entre las sustentadas por el Cuarto y el Décimo tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 25 de abril de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Nueva Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas

Hoy al leer el Diario Oficial de la Federación me percaté de la publicación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas la cual entra en vigor el día de mañana 12 de junio de 2012; su ámbito de aplicación son las contrataciones públicas de carácter federal  y transacciones comerciales internacionales, incluyendo los actos y procedimientos de concurso, convocatoria o licitación pública.

La importancia de esta legislación radica en que actualmente no se podía sancionar desde un punto de vista administrativo a los particulares que comentan actos de corrupción en los procesos y contrataciones públicas. Por lo tanto, me permito hacer una síntesis del contenido de la Ley:

El objeto de esta ley es establecer las responsabilidades y sanciones que deban imponerse a las personas físicas y jurídicas, de nacionalidad mexicana y extranjeras, por las infracciones en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal o  en las transacciones comerciales internacionales, entendiéndose por transacciones comerciales internacionales: los actos y procedimientos que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las personas obligadas a cumplir con esta Ley son las personas físicas o morales, en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones públicas o en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales.

Autoridad facultada para investigar y, en su caso, sancionar a los particulares que incurran en las infracciones es la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de la Administración Pública Federal y en las contrataciones públicas que realicen las entidades federativas y municipios con cargo total o parcial a recursos públicos federales. Asimismo, también son autoridades competentes para aplicar la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, en el ámbito de las contrataciones públicas que realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.

El procedimiento administrativo sancionador se podrá iniciar de oficio o por denuncia; asimismo, todo servidor público tendrá la obligación de denunciar por escrito las acciones u omisiones que en ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren ser sancionadas. En caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o, en su caso, el ordenamiento legal aplicable de las entidades federativas.

Las sanciones a imponerse a los infractores de la Ley, tratándose de personas físicas, multa equivalente a la cantidad de mil a cincuenta mil veces el salario mínimo diario general vigente e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 8 años; y de personas morales, multa equivalente a la cantidad de diez mil hasta dos millones de veces salario mínimo diario general vigente e inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal por un periodo que no será menor de 3 meses ni mayor de 10 años. De acuerdo a lo anterior, a las personas morales se les podrá decretar una multa de hasta $124,000,000.00 (Ciento Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.)

La persona que haya realizado alguna de las infracciones previstas en la Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones.

En el apartado de artículos transitorios, se establece que la implementación de la Ley deberá realizarse con los recursos humanos, materiales y presupuestarios asignados a la Secretaría de la Función Pública, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, así como a las demás autoridades facultadas para aplicar dicho ordenamiento, por lo que no implicará erogaciones adicionales.

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